Tras muchos cambios complicados en el poder político y las diferencias en niveles administrativos, España camina por fin hacia un marco regulatorio estable para las energías renovables.
El objetivo es claro: convertir la transición energética y la digitalización en los factores claves de la recuperación económica.
La Covid-19 ha acelerado todas las tendencias y el fondo europeo para la recuperación aportará la financiación necesaria para que las energías limpias impulsen el futuro de la economía española.
El Gobierno ya ha dado los primeros pasos a través de lo que Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), calificó como “gran ofensiva regulatoria”, según noticias del periódico El País.
El Ejecutivo ha enviado al Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y ha remitido a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla 241.000 millones de euros en inversiones y la creación de 350.000 puestos de trabajo. La normativa para las subastas energéticas también está en trámite.
“Esta crisis genera impaciencia, queremos empezar a ver que todo se mueve. Son expectativas muy altas que esperamos que se puedan materializar”, reconoció Santiago Gómez Ramos, presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables.
La energía solar fotovoltaica y su producción es un 82% más barata que hace una década, mientras que los costes de la eólica han bajado un 47%. Las renovables ya son las energías más económicas, pero también sirven para luchar contra el cambio climático y conseguir una economía neutra en emisiones contaminantes, como marcan los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el pacto verde de la Unión Europea.
El fondo de recuperación europeo constituye la principal palanca para movilizar una cantidad ingente de recursos públicos. Ahora el gran desafío de las instituciones españolas es conseguir una fructífera colaboración con el sector privado para llevar a cabo proyectos que cuenten con el visto bueno de las instituciones comunitarias, en línea con el Green New Deal (nuevo pacto verde) impulsado por Bruselas, pero que también sirvan para abaratar el precio de la energía y reducir la dependencia del exterior.
El reto es conseguir que las inversiones sean productivas y generen empleo.
Además de un compromiso transversal con las energías verdes, es necesario contar con un marco propicio para el desarrollo de negocios. La economía española ha quedado muy tocada por la pandemia actual, con una caída del PIB sin precedentes en el inicio del año y unas previsiones catastróficas para los próximos meses.
La crisis ha vuelto a aflorar las vulnerabilidades de la economía española, como el escaso tamaño del tejido empresarial, la dualidad del mercado laboral o la insuficiente cualificación de algunos trabajadores. Sin atajar esos problemas, será difícil que las energías renovables se conviertan en la palanca de la recuperación que todos ansían.
Por lo pronto, la generación termo solar ha supuesto un 3,56% del total de la producción eléctrica en la península española el pasado verano, con aportaciones puntuales que superaron el 8% y una generación muy destacada de noche. Además, ha supuesto un factor de carga del 44%, valor que supera a otras tecnologías renovables intermitentes, lo que implica que esta tecnología puede complementarse con ellas usando los mismos puntos de acceso y conexión existentes, ya que en conjunto no se supera el 100%.
El año 2020 presentó un bajo recurso solar durante los meses de marzo y abril, pero a partir de mayo se recuperaron niveles habituales de radiación, en julio incluso se excedió en un 10 % la generación del año anterior y en agosto se ha igualado la producción.
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